Organizaciones sindicales, estudiantiles, indígenas, de mujeres, campesinas y ciudadanos en general se manifestaron a través del llamado a Huelga Nacional contra la ley 30 conocida como “9 en 1” que desde su aprobación el sábado 12 de junio ha sido rechazada por la forma en que el gobierno la impuso, y las lesiones graves a la democracia de Panamá.
La huelga que tuvo su epicentro en todas las provincias de la república de Panamá, hizo retroceder al gobierno de Ricardo Martinelli que por medio del Consejo de Gabinete aprobó una resolución mediante la cual se crea la comisión especial para la mesa de diálogo para la revisión de los artículos 12, 13 y 14 en 90 días, quedando fuera de la discusión artículos referente al ambiente y la impunidad a la policía nacional en su uso de la fuerza.
Esta acción generó el cuestionamiento de la población por no acoger la derogación de dicha ley, que conlleva una serie de irresponsabilidades que el gobierno desestima, como los daños futuros y actuales producto de los enfrentamientos de las unidades antidisturbios y el pueblo de Bocas del Toro, en donde hay un saldo de 152 personas ingresadas al Hospital Santo Tomas de la capital con heridas en el rostro, con pérdida de ojos y desfiguraciones por la represión directa a los rostros de los manifestantes con municiones de alta consecuencia para la integridad física.
De los objetivos de las organizaciones y pueblo ante estas movilizaciones y huelga además de la derogación de la nefasta ley “9 en 1”, está la eliminación del 7 %, derogación de la ley 14 conocida como Carcelazo y el Decreto 944, que reglamenta la transformación curricular.
Cabe mencionar que ante los hechos en Bocas del Toro se instaló la comisión para los “Acuerdo de Changuinola” integrada por representantes de sectores de trabajadores, empresa privada, sector ecuménico, partidos políticos y el órgano ejecutivo, que se espera que no sea otro circo de burlas para el pueblo para mediatizar y desmovilizar las luchas de los sectores populares que exigen urgentemente justicia y un gran alto a la represión a los ciudadanos.
La huelga fue tan efectiva que en los colegios su espíritu no faltó, y las consignas, como el caminar de comunidades rurales y docentes dieron muestra que la lucha es del pueblo y no de la oposición partidaria como el gobierno manifiesta.
En la capital del istmo, las marchas fueron por las calles y avenidas sin registrase enfrentamientos y provocaciones de agentes infiltrados. Fue una lección que hizo al gobierno retroceder y valorar la dirigencia popular nacional, entre ellas ULIP y FRENADESO, como también AEVE (Asociación de Educadores Veragüense) que en los distintos planteles educativos hicieron bandera el lema “Quién no se atreve a luchar, no merece educar”. También en la Universidad de Panamá se llevaron manifestaciones por parte del movimiento estudiantil, de trabajadores y profesores.
Del sector rural, hay que destacar la lucha de las comunidades antirepresas y antimineras que salieron hasta la Panamericana en Vigui, Tabasará, río Cobre, río Santa María y Cerro Pelado de la provincia de Veraguas y la comarca indígena Ngöbé Büglé para exigir tanto el cese de proyectos depredadores como la derogación de la ley 30.
También los últimos detonantes fueron los montajes por medio de pinchazos de teléfonos expuesto por el gobierno en los medios de comunicación, detenciones a obreros que el Segundo Tribunal Superior de Justicia las declararon como ilegales, y el levantamiento de las órdenes de conducción para dirigentes sindicales, dirigentes sociales como el Prof. Juan Jované y la ecologista Yaritza Espinosa de nuestro Colectivo Voces Ecologicas, con lo cual queda al descubierto que el gobierno quiere perseguir hasta desaparecer al movimiento popular de Panamá.
Nuestro colectivo Voces Ecológicas, agradece la solidaridad de los pueblos del mundo y organizaciones y redes de toda índole que han extendido su apoyo.
Panamá, 14 de julio de 2010.Radio Temblor por
Colectivo Voces Ecológicas
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