El Chorizo solo cambió de nombre: todo quedó igual

Esto fue lo que se aprobó en la Asamblea  de Diputados y  no se reformó nada ya que según los diputados los acuerdos de la mesa del dialogo se deben respetar. Para los efectos, es lo mismo que contemplaba la ley 30 . Si un policía se extralimita en el uso de la fuerza no podrá ser detenido por orden expresa de la ley. No quedará al criterio del juez como sucede actualmente.

Debemos recordar que la ley de la policía establece claramente cuando se puede usar la fuerza y cuando no se puede usar la fuerza.  La ley de la policía permite el uso de la fuerza letal pero establece cuando se puede usar y en qué casos no se puede usar la fuerza letal . Con esta reforma si un policía utiliza la fuerza letal de manera indebida  y violando la ley de la policía, el juez no podrá ordenar la detención, ya que deberá esperar la sentencia condenatoria.

Estas es una prerrogativa procesal que violenta normas y recomendaciones  de convenios internacionales.

Aunque se suprimieron los términos  fuerza excesiva e injustificada. Estas situaciones están comprendidas en el término uso de la fuerza. 

Tabla comparativa

Ley de la Policía	LA LEY 30 o LEY CHORIZO.	Propuesta de mesa del dialogo aprobada hoy en primer debate
Artículo 127. Cuando por motivo del uso de la fuerza, exista mérito legal para la detención preventiva de algún miembro de la Policía Nacional, por la presunta comisión de un delito ejecutado en actos del servicio o en cumplimiento del deber, no se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, mientras no se dicte una sentencia condenatoria y ésta sea comunicada a la autoridad nominadora por parte del tribunal competente. PARAGRAFO: Durante la detención preventiva del sindicado, se le asignarán funciones administrativas dentro de las instalaciones policiales respectiva. Artículo 128. La detención preventiva o la adopción de otras medidas cautelares personales, por la presunta comisión de hechos delictivos ejecutados en actos del servicio o en cumplimiento del deber, se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI, Título II, del libro Tercero del Código Judicial. Sin embargo, las medidas de detención preventiva, independientemente de la naturaleza del delito ejecutado en actos del servicio o en cumplimiento del deber, y la ejecución de las penas impuestas por delitos culposos, se cumplirán dentro de las instalaciones policiales, bajo la responsabilidad directa e inmediata del jefe de la sede.	Artículo 27. El artículo 127 de la Ley 18 de 1997 queda así: Artículo 127. Cuando algún miembro de la Fuerza Pública sea denunciado, querellado, imputado o procesado por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto de servicio o en cumplimiento del deber, por motivo del uso de la fuerza excesiva e injustificada, no se ordenará la detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, hasta que concluya el proceso en sentencia ejecutoriada y esta sea comunicada a la autoridad nominadora por el tribunal competente. Mientras dure el proceso, el miembro será asignado únicamente a trabajos administrativos dentro de la Fuerza Pública, fuera del área donde ocurrieron los hechos, sin tener ninguna participación directa en operaciones de campo o custodia autorizada en tiempo libre. Artículo 28. El artículo 128 de la Ley 18 de 1997 queda así: Artículo 128. La adopción de otras medidas cautelares personales distintas a la detención preventiva, por la presunta comisión de hechos delictivos ejecutados en acto de servicio o cumplimiento del deber se efectuará de acuerdo con lo establecido en el Código Judicial. Sin embargo, el cumplimiento de penas impuestas por delitos culposos, así como por actos de servicio se cumplirá dentro de las instalaciones policiales bajo la responsabilidad directa e inmediata del jefe de la sede.	Articulo 128. Cuando algún miembro de la Fuerza Pública sea denunciado, querellado, imputado o procesado por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto de servicio o en cumplimiento del deber, exclusivamente por motivo del uso de la fuerza; no se ordenará la detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, hasta que concluya el proceso con resolución ejecutoriada y esta sea comunicada a la autoridad nominadora por el tribunal competente. Mientras dure el proceso, el miembro será asignado únicamente a trabajos administrativos dentro de la Fuerza Pública, fuera del área donde ocurrieron los hechos, sin tener ninguna participación directa en operaciones de campo o custodia autorizada en tiempo libre.

Gobierno contra la pared en Diálogo de la ley Chorizo

Buscando legitimidad pública de la desprestigiada Mesa de Diálogo sobre la Ley Chorizo, frente a los inmurables conflictos que enfrenta el gobierno de Ricardo Martinelli, esta semana dió la apariencia de seder, quedando contra la pared frente a los argumentos de peso jurídico de los sectores ambientales y laborales. 

Viendo una inminente huelga de los Educadores contra la deshumanización de los contenidos de la Educación y la perdida de la estabilidad laboral del educador, escandolosas pugnas internas, etc, el gobierno intenta una maniobra desesperada para desactivar los conflictos que se ha creado, gracias a una gestión que ha tenido como norte el endeudamiento del país, contrataciones directas, la destrucción del Estado de Derecho y la venta de los recursos naturales a las empresas transnacionales. 

Los sectores ambientales y laborales se muestran cautelosos, ya que es evidente la actitud siempre esquiva de las tácticas del gobierno de Ricardo Martinelli, que no tiene reglas ni ética en las negociaciones.

Si se derogan todas las disposiciones que afectan los derechos humanos, políticos, laborales y  ambientales Ricardo Martinelli verá como los grandes negocios que se ha tejido se le diluyen en las manos, afectando el proyecto político social ultraderechista que viene preparando.

Veamos un breve informe propuesto por delegados de la Mesa:

Delegados de la Mesa de Dialogo de la Ley30/2010

El miércoles 29 de septiembre de 2010 los delegados de la Comisión Especial para el Diálogo de la Ley 30 de 2010 acordaron las primeras reformas a la Ley. Según el Acuerdo Concertado Número 6, los delegados acordaron modificar la redacción de los artículos 11 (sobre información al Consejo Nacional de Seguridad por parte de las aerolíneas comerciales) y 27 (sobre disposiciones penales y procesales); igualmente, la Mesa acordó DEROGAR el artículo 28 (sobre disposiciones penales y procesales).

La Mesa también aprobó la instalación de una sub mesa  paralela en donde representantes del Gobierno, el Sector Sindical y el Sector Empresarial adelantarán el trabajo necesario en torno a otros artículos de la Ley, incluyendo los relacionados con ambiente, durante los días jueves 30 de septiembre y viernes 1 de octubre.

Las reuniones del jueves y viernes tenían como objetivo acercar posiciones, tal y como lo hicieron el miércoles 29 los tres sectores representados en la Mesa, se enfatizó que no sería una negociación ni se tomarían decisiones finales, es decir, cualquier aproximación a un consenso sería una pre-propuesta de acuerdo concertado, ya que debía decidirse en las sesiones formales de la Mesa de Diálogo que reanudarían el lunes 4 de octubre para la votación oficial.

Por primera vez desde que se creó la Mesa se incorporaron a la misma los representantes de la ANAM: Irving Santos, Secretario General y Administrador encargado, Cecilio Camaño Director de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, y Jorge Morales asesor legal.

En la sesión del jueves 1 de septiembre exclusivamente se abordaron los 4 artículos ambientales de la Ley 30. En la misma participaron representantes de gobierno facilitada por el Vice Ministro Luis Ernesto Carles y el Director de Tránsito Ricardo Fábrega, y por primera vez desde que se creó la Mesa se incorporaron  a la misma los representantes de la ANAM: Irving Santos, Secretario General y Administrador encargado, Cecilio Camaño Director de Evaluación y Ordenamiento Ambiental, y Jorge Morales asesor legal. Por parte del sector privado se encontraban representantes de CONEP y APEDE; y representantes de los gremios sindicales, el Sr. Chavarría acompañado del Lic. Muñoz, por CONUSI-CONATO, el Sr. Becker y José Staff de Sitraibana (Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Afines; entre otros representantes).
Al sector ambiental, qué formalmente no forma parte de la Mesa y no cuenta con delegados en la Comisión Especial para el Diálogo de la Ley 30 de 2010, se le permitió participar para exponer su posición sobre los artículos 31, 32, 33 y 34 de la Ley. Estuvieron presentes Jessica Young begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting de Fundación Mar Viva; Alida Spadafora de ANCON; Zuleika Pinzón de Fundación Natura; Miriam Pons de Almanaque Azul; Arturo Dominici y Ana María Rodríguez de Conservación Internacional; Ricardo Wong de PROMAR; Jorge Pitti de FUNDICEP; y Raisa Banfield de Panamá Sostenible; Javier Yap y Jorge Lee de CAPECA (Cámara Panameña de Empresas Consultoras Ambientales). También estuvieron presentes Donaldo Soussa de la Asoc. Derecho y Ecología, y William Hughes Catedrático en Economía de la Universidad de Panamá para hablar a favor de la derogación de los cuatro artículos.

En la foto aparecen Jessica Young begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting y Alida Spadafora como Voceras Designadas por el grupo de ONG de ambiente que aglutina a F. MarViva, ANCON, F. Natura, Sociedad Audubon de Panamá, Conservación Internacional, PROMAR, Asociación Oceánica de Panamá, y más de 40 organizaciones de ambiente , Donaldo Sousa, William Hughes, Jorge Lee y Javier Yap por CAPECA

En el uso de la palabra intervinieron por parte del sector ambiental: Jessica Young begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting  y Alida Spadafora como Voceras Designadas por el grupo de ONG de ambiente que aglutina a F. MarViva, ANCON, F. Natura, Sociedad Audubon de Panamá, Conservación Internacional, PROMAR, Asociación Oceánica de Panamá, y más de 40 organizaciones de ambiente , Donaldo Sousa, William Hughes, Jorge Lee y Javier Yap por CAPECA, Raisa Banfield por PASOS. Y por parte de los sindicatos Becker de Sitraibana y un compañero de la comarca Ngöbe Bugle en relación a los aspectos ambientales.
Resumen de la intervención del sector ambiental:

Sin lugar a dudas la participación del sector ambiental fue de suma relevancia por sus argumentos técnicos - jurídicos sólidos, fueron “arrasadores y dejaron kout a los delegados de gobierno de la mesa del dialogo” según palabras de los medios de comunicación presentes, fue evidente que el sector ambiental tenía argumentos contundentes y que el sector gubernamental no pudo sustentar de forma categórica los artículos contenidos en la Ley 30 de 2010.

Dentro de los puntos a resaltar:

(1)  Todos los que intervinieron por parte del sector ambiental pidieron la derogación de los cuatro artículos de la Ley 30/2010 y sustentaron su solicitud con argumentos técnicos y jurídicos.

(2)  Sustentaron que la creación de nuevas herramientas para la aplicación del instrumento de gestión ambiental - Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental -, es materia ya normada en la legislación vigente, en el sentido de que la ANAM de acuerdo a la Ley 41/1998, tiene la facultad de crear manuales de procedimientos y normas técnicas para implementar de manera eficiente los mandatos de la propia ley.

(3)  En esa misma línea el Decreto 123/2009 begin_of_the_skype_highlighting              123/2009      end_of_the_skype_highlighting aprobado por la actual administración establece los plazos para que la ANAM emita su decisión con tiempos definidos, 55 días hábiles para los de máxima categoría (categoría 3), es conocido e incluso fue reafirmado en el jueves 30 durante la sesión por la ANAM que el 80% de los estudios de impacto ambiental que ingresan al sistema son Categoría I que se deben aprobar en máximo 5 días ya que no deben ser evaluados, solo se entrega una declaración jurada (tal como lo establece el Decreto 123/2009 begin_of_the_skype_highlighting              123/2009      end_of_the_skype_highlighting).

Nota: El Artículo 7 de la Ley 41/1998 establece las atribuciones de la ANAM  y en su  Numeral (5) señala “Emitir las resoluciones y las normas técnicas y administrativas para la ejecución de la política nacional del ambiente y de los recursos naturales renovables, vigilando su ejecución, de manera que se prevenga la degradación ambiental”. De igual manera el artículo 62 de la Ley 41/1998, señala que “Corresponde a la Autoridad Nacional del Ambiente velar porque estos mandatos se cumplan, para lo cual emitirá las normas técnicas y procedimientos administrativos necesarios”.

(4)  Esto hace evidente que optimizar el proceso de evaluación de los estudios de impacto ambiental no depende de una nueva norma sino del fortalecimiento de la ANAM.

(5)  Adicionalmente, los representantes de la Mesa estuvieron de acuerdo con lo planteado por el sector ambiental en cuanto a que la forma de redacción tal como está, abre la discrecionalidad a la hora de decidir cuáles obras proyectos/actividades o proyectos requerirían un proceso de evaluación ambiental o cuáles requerirían la aplicación de las Guías de Buenas Prácticas. Todos los presentes también estuvieron de acuerdo en que las Guías de Buenas Prácticas son una herramienta importante, complementaria y de apoyo dentro del proceso de evaluación ambiental, que podría aplicarse a proyectos, obras o actividades que de acuerdo a la normativa vigente deban someterse al proceso de evaluación ambiental y su categoría de estudio de impacto ambiental sea Categoría I, que en la actualidad la norma establece que no presentan estudio y ni siquiera se evalúan, solo es necesario presentar declaración jurada.

(6)  Jorge Lee de CAPECA y William Hughes señalaron que  querer hacer más eficiente un trámite o procedimiento dentro de una institución pública no es subterfugio para suprimir los procedimientos de aplicación de metodologías para implementar el proceso de evaluación de impacto ambiental que precisamente permite anticipar potenciales daños o riesgos que una vez son identificados pude planificarse la forma (el cómo) podrán ser eliminados o reducidos (mitigados). Señalaron ejemplos como lo que ocurriría si se eliminaran los estudios de suelo para la construcción de edificios ya que este tipo de estudio también tarda un tiempo importante, y más ahora con la demanda de los equipos, nadie pondría en duda la necesidad de realizar estos estudios de suelo para la construcción de infraestructura. De igual manera, otros ejemplos que plantean la necesidad de cuestionarse sí existe un riesgo lo acertada es acelerarnos y arriesgarnos a que algo ocurra, o reducir con prudencia para evaluar las alternativas posibles y tomar una mejor decisión.

(7)  Los presentes estuvieron de acuerdo en que las Guías de Buenas Prácticas son buenas herramientas, no obstante no funcionan con todas las obras, actividades o proyectos que por su naturaleza, características, efectos, ubicación o recursos que pueden generar riesgo ambiental, y de acuerdo a la legislación vigente deban someterse a un proceso de evaluación ambiental, previo al inicio de su ejecución, y que de acuerdo a la reglamentación de la Ley 41/1998 (Decreto 123/2009 begin_of_the_skype_highlighting              123/2009      end_of_the_skype_highlighting) solo aplica a los que están en la lista taxativa.

(8)   Los representantes del CONEP señalaban que ya se conocen cuáles son los impactos ambientales de las actividades de todos los sectores y por lo tanto consideraban viable la aplicación de las Guías de Buenas Prácticas tal como estaba señalado en la Ley 30/2010.

(9)   Los representantes del sector ambiental explicaron que no se puede pretender cubrir todos los espectros de una obra, actividad o proyecto con las Guías de Buenas Prácticas, qué no son instrumentos sustitutivos al menos con carácter general, sino más bien complementarios como herramientas de apoyo.  “Es obvio que los impactos en un sector son similares por sus características productivas, pero no se debe pasar por alto que interactúan otros elementos determinantes como el entorno [medio receptor y su grado de sensibilidad]; y la población local del entorno que puede verse afectada. Estos elementos tan importantes no se pueden prever en una Guía porque son elementos dinámicos y muy cambiantes”, señaló Jessica Young begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting de Fundación Mar Viva.

Los representantes de la ANAM expresaron que era necesario incluir el concepto de las Guías de Buenas Prácticas Ambientales dentro de una Ley, que la actual administración había tomado la decisión de derogar el Decreto 209/2006 begin_of_the_skype_highlighting              209/2006      end_of_the_skype_highlighting y derogar los artículos relacionados con las Guías de Buenas Prácticas, alegando que este “instrumento de gestión ambiental” no estaba en la Ley 41/1998 y por lo tanto “el dejarlo dentro de en una legislación de menor jerarquía hubiera sido declarado ilegal”.

Por su parte los representantes del sector ambiental reiteraron lo que ya había sido señalado por el Vice Ministro Carles en una reunión anterior, en relación al Principio de Legalidad de los Actos Administrativos emanados por una autoridad pública con competencia en la materia de que se trate, no es correcto derogar un Decreto Ejecutivo con ese argumento, ya que se debe presumir que su aprobación y contenido es legal hasta tanto autoridad competente declare la ilegalidad. Por lo tanto, el querer señalar que se necesitaba incluir en la Ley 30/2010 los artículos relacionados con las Guías de Buenas Prácticas con este argumento, carece de sustento legal.

En la foto el Vice Ministro Carles, y junto a él, los representantes del sector privado CONEP y APEDE

(10) Sí bien en la Mesa parecía haber una especie de entendimiento, en el caso del artículo 34 relacionado con la derogación del artículo 115 Ley41/1998 que establece que “los ciudadanos que denuncien un delito o infracción ambiental, recibirán los mismos incentivos contemplados en la legislación fiscal para los casos de contrabando y los demás que determinen los reglamentos de la presente Ley”, el sector privado se mantuvo firme en que el 34 debía quedar tal cual, apoyado por el sector gubernamental, entre los argumentos presentados estaban:
a.       “Qué los denunciantes desistían de las denuncia una vez el empresario le pagará para esto, y que esto hacia que no se siguiera investigando”; el sector ambiental preguntó por casos específicos y explicó que aun cuando  esto fuera cierto y el denunciante “desiste” la autoridad debe continuar la investigación y/o el procedo administrativo respectivo si hay méritos o indicios de infracción ambiental.

b.       “Qué esto se presta para corrupción porque los funcionarios le avisan a las personas para que denuncien y luego se reparten el dinero de la multa”; nuevamente se preguntó casos específicos en que hubiera ocurrido el hecho y explicaron que existe un procedimiento que limita que esto suceda, primero el denunciante debe invocar el artículo una vez presente la denuncia, segundo el proceso pasa por distintas esferas (técnico, legal y por último el administrador regional o la administrador general); y finalmente es la ANAM la que debe determinar si hubo o no una infracción ambiental y mediante resolución establecer una sanción que puede o no ser pecuniaria. Las multas en todo caso pueden ser recurridas ante la Corte Suprema de Justicia y no es hasta que la ANAM formalice el cobro que pudiera invocarse el hoy derogado artículo. En caso de corrupción de funcionarios públicos la ley contempla el procedimiento para la aplicación de sanciones disciplinarias, administrativas y penales.

c.       “Qué los consultores hacen estudios de impacto ambiental malos para que luego sanciones a la empresa en contubernio con funcionarios”, nuevamente se pidieron casos concretos y se explicó que normalmente la sanciones son por incumplimiento de las medidas establecidas en el estudio de impacto ambiental no por estudios mal presentados, que si el estudio es malo la ANAM procede a solicitar ampliaciones, modificaciones o rechaza el estudio.

d.       “Qué la ley señala que es deber del ciudadano denunciar y que no se debe pagar por esto". El sector ambiental fue muy enfático en señalar que el artículo 115 busca incentivar al ciudadano para que apoye la labor de fiscalización ambiental de la autoridad convirtiéndolos en vigilantes del cumplimiento ambiental o auditores sociales, el que se señale sin pruebas que existen fallas en la aplicación de esta herramienta de auditoría social no amerita que la misma sea eliminada. Los informes anuales de Ejecutorias ANAM reflejan las cifras oficiales de denuncias y procesos administrativos, esta información debe ser tomada en cuenta, adicional, el grupo de ONG ambientales mostró copia de una nota de solicitud de información presentado a la ANAM el pasado 17 de septiembre que presente cuántas denuncias acogidas por la ANAM, que no pueden ser anónimas, han concluido en la invocación del artículo 115, de estás cuántas y cuáles concluyeron con comprobación de la infracción y que se haya multado; y de estás cuántas veces y a quiénes se compensó con el incentivo un porcentaje de la multa; sin que hasta el momento se haya recibido una respuesta.

Nota: el Artículo 115 establecido en la Ley 41/1998 a pesar de estar vigente desde 1998 no era conocido por los ciudadanos. Los ciudadanos antes y después de 1998 han estado interponiendo denuncias una vez detectan posibles infracciones ambientales o porque se siente afectados por un proyecto particular, y a pesar que las denuncias aumentaban año tras año no se invocaba el artículo 115. A raíz del programa de Justicia Ambiental orientado en dar a conocer las herramientas jurídicas existentes y promover el acceso a la justicia ambiental de los ciudadanos, inicia una campaña para que el ciudadano entienda sus deberes y derechos. La primera vez que un ciudadano cobró el 50% de la multa impuesta de $. 10,000 por la ANAM fue el 2 de noviembre de 2006, caso Urbanización del Caribe S.A., la denunciante Alba Aldeano pone en conocimiento a la autoridad que la “canalización de las aguas del proyecto provocaba inundaciones que afectaban su casa” (http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2007/02/17/hoy/panorama/889754.html">http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2007/02/17/hoy/panorama/889754.html). Desde entonces aproximadamente 4 denunciantes han recibido el 50% de la multa impuesta, y dos se encuentran a la espera del cobro de la multa por la ANAM para recibir el incentivo. Todas las investigaciones siguen el debido proceso y puede verificarse cualquier irregularidad dentro de los expedientes de las mismas.

Jessica Young begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting de Fundación Mar Viva, Javier Yap de CAPECA y William Hughes, al finalizar la sesión.

La reunión finalizó alrededor de las 2 y media de la tarde, cuándo el Viceministro Carles indico que debía salir para Changuinola. Y recordando que en la sesión de viernes se abordarían los siguientes artículos laborales, para reiniciar las sesiones en la Mesa el lunes 4 de mayo.

Changuinola: testimonios de una masacre

Veamos este interesante video sobre los hechos de Bocas del Toro que nos envian desde la Red de Creativos por la Democracia.

Descarga el afiche promocional de la resistencia civil por la Democracia

La Red de Creativos por la Democracia viene produciendo cosas interesantes, nos han enviado un afichito promocional del sitio. Lo pueden descargar
aquí

El daño y crueldad: situación de derechos humanos en Bocas del Toro

Situación de Derechos Humanos en Changuinola sigue sin ser atendida por el gobierno frente a sus responsabilidades como fuerza represiva.

Dan a la luz polémico informe de derechos humanos en la huelga de Changuinola

- HREV constata al menos 405 heridos, 4 muertos y 1 detenido-desaprecido durante la huelga de Bocas del Toro

-Las conclusiones del informe de la ONG de Derechos Humanos hablan de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, detenciones sin el debido proceso, torturas, racismo y deficiente atención médica

- Entregado el informe a la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Al menos 405 personas resultaron heridas de diversa consideración durante los sucesos ocurridos en Changuinola en la huelga de los trabajadores de las bananeras entre 7 y el 11 de julio; 4 trabajadores fallecieron (sólo hay dos reconocidos oficialmente) y uno se encuentra desaparecido después de que varios compañeros vieran como era detenido. Unos sucesos en los que se produjo un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, una deficiente atención medica, detenciones sin el debido proceso y torturas en la subestación de Changuinola, donde a los arrestados se les tuvo sin alimento, se les impidió dormir o acudir al baño y donde se produjeron vejaciones y evidencias de racismo. Las principales causas de las lesiones son el disparo de perdigones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado panameño, el 63% de los casos; un 21% sufrieron afecciones por los gases y hay documentadas 35 mujeres heridas y 12 niños (entre ellos bebes).

Son hechos y conclusiones que se desprenden del informe sobre la violación de Derechos Humanos elaborado por Human Rights Everywhere (HREV), una ong sin ánimo de lucro que lleva siete años trabajando en Latinoamérica y que durante 10 días trasladó a Bocas del Toro un equipo de voluntarios que han efectuado algo más de 300 entrevistas personales con los heridos y sus familiares, visitado las fincas bananeras, los centros de salud y la morgue. Entrevistas que han sido contrastadas y completadas con partes médicos oficiales, el trabajo realizado por voluntarios con los 68 enfermos trasladados a Panamá y los informes realizados por otras organizaciones como CEASPA, el Defesor del Pueblo, la ULIP y la Pastoral Indígena.

El informe fue presentado hoy en Changuinola ante la prensa y organizaciones sociales, y el pasado lunes le fue entregado a la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Kyung-Wan Kang, de visita oficial en Panamá.

HREV aporta datos documentales (muertos, desaparecidos, heridos, tipología de las heridas, principales lugares de conflicto, detenciones y uso de fuerza); constata los hechos y analiza el papel del Estado en la crisis, y de otros actores, así como la vulneración de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (al menos 10 derechos consignados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8 artículos de la Constitución de Panamá).

En base a las entrevistas y a las fuentes documentales, HREV confirma la existencia de 4 muertos, 1 detenido-desaparecido (caso sobre el que aún no hay respuesta por parte del Órgano Judicial pese a mediar una denuncia) y al menos 405 heridos. Asimismo, concluye que queda probada la existencia de una grave vulneración de los Derechos Humanos por parte del Estado Panameño.

Las conclusiones del informe también plantean un uso de la fuerza “excesivo” por parte de la Policía; episodios de tortura en las detenciones; una atención medica deficiente y ausencia total de seguimiento a los heridos; y una atención por parte del Gobierno a las víctimas de carácter asistencialista sin que se haya contemplado el impacto psicológico postconflicto. A ello se une una falta de agilidad por parte del Órgano Judicial panameño a la hora de investigar y esclarecer responsabilidades y la difusión de información sobre los hechos insuficiente y parcial, en algunos casos intencionada.

Para concluir el informe recoge algunos de los testimonios más relevantes y una serie de recomendaciones que pasan por la creación de una comisión técnica independiente, con personal especializado en derechos humanos y acompañamiento internacional; la agilización de los procesos judiciales iniciados para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios públicos; un plan urgente de atención a las víctimas (médica, psicológica, subsidios por bajas laborales, atención a los discapacitados); que se cree un sistema de monitoreo sobre la situación de Bocas del Toro con un mecanismo de alertas tempranas y en el que participen instituciones nacionales y locales, Defensoría del Pueblo y representantes de ONGs a iglesias. Además, pide la aplicación de las recomendaciones del Comité para la Erradicación de Todas las Formas de Racismo (CERD) de Naciones Unidas que se hicieron a Estado panameño en 2010. HREV también recomienda que se permita el acceso de defensores de Derechos Humanos, organizaciones y medios de comunicación a las informaciones y las instituciones para que puedan realizar su labor.

El equipo de HREV sigue trabajando sobre el terreno y recopilando nueva información, por lo que se presentarán actualizaciones de este informe. Se adjunta un resumen de los datos del informe, para solicitar el doucmento completo, escribir a info@comunasur.org

Descargar el informe aquí

CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN POR MUERTOS Y HERIDOS DURANTE MANIFESTACIONES EN PANAMÁ

Washington, D.C., 3 de agosto de 2010 - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en una manifestación que tuvo lugar el 8 de julio de 2010 en Changuinola, Bocas del Toro, Panamá.

Según la información recibida, trabajadores de fincas bananeras de la provincia de Bocas del Toro decretaron paro general de labores a partir del 2 de julio de 2010, como medida de protesta contra la aprobación de la Ley 30, aprobada el 12 de junio por la Asamblea Nacional de Panamá y sancionada por el Presidente el 16 de junio. La información disponible indica que el 8 de julio, una manifestación organizada en el marco de la protesta contra algunos aspectos de esta ley relacionados con derechos sindicales y el derecho de huelga, fue reprimida por las fuerzas de seguridad, con un resultado de al menos dos personas muertas, más de un centenar de heridos y otro centenar de detenidos. La Comisión fue informada que se habrían librado órdenes de detención contra, al menos, 17 sindicalistas, las cuales posteriormente se habrían anulado. Asimismo, el 21 de julio el Gobierno de Panamá informó sobre la creación de una comisión especial para investigar los hechos.

La Comisión Interamericana recuerda al Estado panameño su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos. Como lo ha manifestado anteriormente: “La Comisión considera que los agentes pueden imponer limitaciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficos o para contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructivas. No obstante, el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, por ello la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas. El operativo de seguridad desplegado en estos contextos debe contemplar las medidas de desconcentración más seguras y rápidas y menos lesivas para los manifestantes.”

El Estado panameño tiene el deber de investigar los hechos violatorios de derechos humanos con arreglo al debido proceso, hasta su pleno esclarecimiento, así como juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Valentín Palacios, obrero desaparecido el 8 de julio de 2010. Visto por última vez, posiblemente herido y apresado por la Policía Nacional

El señor Valentín Palacios Palacios, cedula 1-705-1667, de 38 años, residente en finca 44, Changuinola, obrero bananero, desaparecido el 8 de julio de 2010 en medio de la brutal represión policial. Este obrero se manifestaba a la altura de finca 66 cuando fue visto por ultima vez, un compañero suyo narra que fue apresado por la policia posiblemente herido, dicen que fue enviado a la carcel de David Chiriquí, este obrero no aparece en las listas de heridos atendidos en ciudad de Panamá ni en ninguna otra. Su padre, Samuel Palacios, pide información sobre el paradero de su hijo, padre de dos hijos y cabeza de familia.

Identificadas más víctimas de las acciones represivas del gobierno en Changuinola

Organismos sindicales, de derechos humanos y abogados solidarios con la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), nos han hecho llegar la lista de víctimas de la represión policial en Changuinola, capital de la provincia de Bocas del Toro.

Los nombres y fechas en que fallecieron estas personas siguen a continuación, aunque las causas “legales” de sus muertes tienden a encubrir la realidad de que perecieron producto de los perdigonazos y de los gases lacrimógenos.

1. Antonio Smith, muere el 8 de julio, causa laceración pulmonar por perdigones.
2. Einar Beker Salomón 10 meses de edad, muere el 10 de julio, entra a urgencias a las 6.00 a .m., no señala causa de muerte pero se denuncia que por asfixia producto de los gases lacrimógenos.
3. Virgilio Castillo, muere el 10 de julio, causa de muerte laceración pulmonar por arma de fuego.
4. Marcelina Carpintero, muere el 10 de julio, hora 1:50 p.m., causas no señaladas.
5. Ilda Palacios, muere el 10 de julio, hora de entrada 5.00 p.m., causa “paro respiratorio”.
6. Migdalia Ábrego, muere el 10 de julio, hora 7:45 p.m., causa “asma”.
7. Florinda Peña, muere el 10 de julio, hora 6:00 p.m., causas no señaladas.
8. Leandro Santos, cuyo cadáver fue trasladado a la morgue de Almirante. Causas no señaladas.

Testimonio de Rufina Mendoza, esposa de Arsenio Rodríguez, herido con perdigones en ambos ojos por la Policía Nacional

Arsenio fue herido a pesar de no haber participado en las protestas, se encontraba en una casa particular, como en muchas otras donde se tiraron perdigones, bombas lacrimógenas y balas por unidades de la Policía Nacional. No participaba de las manifestaciones por amenazas de la empresa (Finca Independiente 69), la cual ha prohibido, contraviniendo nuestras leyes, la organización de los trabajadores.

Lanzan campaña sufre 99, contra la ley Chorizo

En Santiago de Veraguas comunidades campesinas y docentes lanzaron la Campaña Sufre 99, bloqueando la entrada del super 99, en la calle décima de esa ciudad. Portando pancartas y alusivas bestimentas al tema de la ley chorizo, y pidiendo a los ciudadanos que no compren en el super 99 porque es el negocio "del dictador Ricardo Martinelli", autor de la ley Chorizo y Ley Carcelazo.

Los campesinos llamaron a todos los panameños ha realizar la misma actividad en todas partes del país, como mecanismo de presión contra la figura nefasta de Ricardo Martinelli, declarado NON GRATO en Bocas del Toro, hace unos días.

En la ciudad de Panamá obreros del SUNTRACS marcharon hasta la Corte Suprema de Justicia para exigir la libertad de los presos políticos, mientras que los estudiantes de la Escuela Isabel de Obaldía cerraron hoy la vía israel en protesta contra de la ley Chorizo.

Por otro lado, se realizará una Asamblea Ciudadana este sábado en ciudad de Panamá, en la Universidad Latina, dónde se amplios sectores de la sociedad conversarán sobre la coyuntura del país y la creciente perdida de garantías democráticas.

Ver video:

La Huelga Nacional tuvo 80 % de efectividad

Organizaciones sindicales, estudiantiles, indígenas, de mujeres, campesinas y ciudadanos en general se manifestaron a través del llamado a Huelga Nacional contra la ley 30 conocida como “9 en 1” que desde su aprobación el sábado 12 de junio ha sido rechazada por la forma en que el gobierno la impuso, y las lesiones graves a la democracia de Panamá.

La huelga que tuvo su epicentro en todas las provincias de la república de Panamá, hizo retroceder al gobierno de Ricardo Martinelli que por medio del Consejo de Gabinete aprobó una resolución mediante la cual se crea la comisión especial para la mesa de diálogo para la revisión de los artículos 12, 13 y 14 en 90 días, quedando fuera de la discusión artículos referente al ambiente y la impunidad a la policía nacional en su uso de la fuerza.

Esta acción generó el cuestionamiento de la población por no acoger la derogación de dicha ley, que conlleva una serie de irresponsabilidades que el gobierno desestima, como los daños futuros y actuales producto de los enfrentamientos de las unidades antidisturbios y el pueblo de Bocas del Toro, en donde hay un saldo de 152 personas ingresadas al Hospital Santo Tomas de la capital con heridas en el rostro, con pérdida de ojos y desfiguraciones por la represión directa a los rostros de los manifestantes con municiones de alta consecuencia para la integridad física.

De los objetivos de las organizaciones y pueblo ante estas movilizaciones y huelga además de la derogación de la nefasta ley “9 en 1”, está la eliminación del 7 %, derogación de la ley 14 conocida como Carcelazo y el Decreto 944, que reglamenta la transformación curricular.

Cabe mencionar que ante los hechos en Bocas del Toro se instaló la comisión para los “Acuerdo de Changuinola” integrada por representantes de sectores de trabajadores, empresa privada, sector ecuménico, partidos políticos y el órgano ejecutivo, que se espera que no sea otro circo de burlas para el pueblo para mediatizar y desmovilizar las luchas de los sectores populares que exigen urgentemente justicia y un gran alto a la represión a los ciudadanos.

La huelga fue tan efectiva que en los colegios su espíritu no faltó, y las consignas, como el caminar de comunidades rurales y docentes dieron muestra que la lucha es del pueblo y no de la oposición partidaria como el gobierno manifiesta.

En la capital del istmo, las marchas fueron por las calles y avenidas sin registrase enfrentamientos y provocaciones de agentes infiltrados. Fue una lección que hizo al gobierno retroceder y valorar la dirigencia popular nacional, entre ellas ULIP y FRENADESO, como también AEVE (Asociación de Educadores Veragüense) que en los distintos planteles educativos hicieron bandera el lema “Quién no se atreve a luchar, no merece educar”. También en la Universidad de Panamá se llevaron manifestaciones por parte del movimiento estudiantil, de trabajadores y profesores.

Del sector rural, hay que destacar la lucha de las comunidades antirepresas y antimineras que salieron hasta la Panamericana en Vigui, Tabasará, río Cobre, río Santa María y Cerro Pelado de la provincia de Veraguas y la comarca indígena Ngöbé Büglé para exigir tanto el cese de proyectos depredadores como la derogación de la ley 30.

También los últimos detonantes fueron los montajes por medio de pinchazos de teléfonos expuesto por el gobierno en los medios de comunicación, detenciones a obreros que el Segundo Tribunal Superior de Justicia las declararon como ilegales, y el levantamiento de las órdenes de conducción para dirigentes sindicales, dirigentes sociales como el Prof. Juan Jované y la ecologista Yaritza Espinosa de nuestro Colectivo Voces Ecologicas, con lo cual queda al descubierto que el gobierno quiere perseguir hasta desaparecer al movimiento popular de Panamá.

Nuestro colectivo Voces Ecológicas, agradece la solidaridad de los pueblos del mundo y organizaciones y redes de toda índole que han extendido su apoyo.

Panamá, 14 de julio de 2010.

Radio Temblor por
Colectivo Voces Ecológicas

Bases de resistencia bocatoreña en contra de acuerdo firmado por Genaro Bennet y el gobierno

Escuchar la entrevista a dirigentes local Valentín Corrales en barricada del Puente de Chanquinola, 11 de la noche, Julio 11.

Un sector del movimiento de resistencia bocatoreña contra la ley Chorizo y ley carcelazo ha firmado un acuerdo donde el gobierno dictatorial de Martinelli retroceda en la aplicación por 90 días de los artículos laborales de la ley 30(art. 12,13 y 14 ) más no los aspectos ambientales ni policiales, ni la derogación de la ley carcelazo . Un sector mayoritario de los dirigentes de la resistencia bocatoreña no están conformes con este acuerdo y reclaman que debe ser consultado a las bases del pueblo en asambleas y no un acuerdo con algunas cúpulas. Los acuerdo tienen ser efectivos con la aprobación de un proyecto de ley que produsca los efectos jurídicos señalados, sin embargo esto está por verse, pues el gobierno de Ricardo Martinelli actua de manera truculenta. Por este motivo un sector mayoritario ha mostrado su desacuerdo, reclamando también que no se ha incluído los aspectos ambientales, de los abusos policiales ni la eliminación de la ley carcelazo.

Frente a los hechos planteados, la dirigencia nacional del movimiento de resistencia nacional contra la ley chorizo y ley carcelazo reafirma el proceso hacia la huelga nacional. Este lunes 12 de julio los docentes, el movimiento obrero, indígenas y campesinos realizarán asambleas y marchas para reafirmar su rechazo y exigiendo la derogación total de las mismas y decididán la extensión del paro.

Reclaman por otro lado, justicia en los asesinatos que produjo la policial nacional en Bocas del Toro y los abusos policiales comentidos, ya que el gobierno quiere “hecharle tierra” a estos casos que manchan de sangre las manos de Ricardo Martinelli.

Otro triste 10 de julio en Panamá

Este sábado 10 de julio estuvo saturado de abusos y bejaciones por parte de las fuerzas policiales y autoridades contra la población bocatoreña, sumando un muerto más a las cifras fatalas. Hoy ya hay más 700 detenidos y la represión sistematica se extendió al resto del país, fueron conducidos 300 ciudadanos que participaban en una reunión sindical del FRENADESO, en el Hotel Soly, en Panamá, sin cargo aparente, entre los arrestados había dirigentes del movimiento social como Gabril Castillo, Marino Almanza, entre otros. Y en la noche se ha sabido de ordenes de capturas contra dirigentes como Juan Ramón Herrera y otros docentes en provincias centrales, que hoy desarrollaron Asambleas de dirigentes donde llamaron a la huelga nacional y el cese de la represión contra la resistencia democratica.

Esta nota de la activista de derechos civiles, Magaly Castillo, ilustra la triste situación en la que el presidente Ricardo Martinelli tiene sumido al pueblo Panameño:

Esta mañana cuando nos enteramos que el amigo Roberto Bruneau había sido detenido en las inmediaciones del hotel Soloy, luego de una reunión de organizaciones populares y sindicales, nos presentamos a las instalaciones de la Policía Nacional de Ancón para conocer lo que estaba sucediendo.

Al llegar al lugar nos enteramos que se encontraban más de 300 personas detenidas. Al lugar acudimos aproximadamente unos 10 abogados de la universidad, de los trabajadores del seguro social y de la Alianza Ciudadana, pero los detenidos estaban incomunicados y no tenían derecho a la asistencia de abogados.

Se nos informó que la policía no podía hacer nada, ya que las personas estaban a ordenes de la seguridad del Estado y ellos no tenían más información de las razones por la cual se encontraban detenidas estas personas, ni lo que iba a pasar con ellas. A los abogados se nos pidió desalojar las instalaciones de la policía y esperar en la parte de afuera.

Finalmente a eso de la 4 de tarde se ordenó la libertad por orden del propio Presidente de la República y la que fue a comunicar la orden del Presidente fue la Ministra Lucy Molinar.

Las personas fueron liberadas luego de más de cuatro horas de privación de libertad sin que les haya informado de las razones de su detención. En el grupo de detenidos se encontraban 8 personas de Changuinola, que fueron trasladas del Santo Tomás a la Policía de Ancón. Estas personas fueron trasladadas hoy en la tarde nuevamente al Santo Tomás, debido a la precaria condición de salud en la que se encuentran.

Lo que más me impactó fue lo que nos relató, una educadora de Chiriquí al ser liberada. Según nos contó, ella había salido del Hotel Soloy y ya caminaba en la acera cuando se le acercaron como 10 policías; uno de ellos dijo: “¡Esta es la hijueputa!”. La agarraron por el cabello, le bajaron la cabeza con violencia y le gritaron que no los viera a la cara. Por si fuera poco le tiraron gas pimienta, le apretaron las manos con zunchos plásticos y para rematar también le pusieron esposas. La golpearon para subirla a empujones al carro de la policía y la tiraron en el vagón. La pobre nos contó que hace pocos meses le habían hecho una cesárea y que se sentía muy adolorida, pero lo que más le dolió fue ver los rostros de los bocatoreños que están golpeados con la cara hinchada y presos en las instalaciones de la Policía de Ancón. Esto es el relato directo de una víctima de la represión de hoy, que salió llorando de la sede de la policía sin dar declaraciones, sin hacer ninguna denuncia a los medios y cuyo abuso policial tal vez nunca se investigará.

El daño está hecho: los golpes a los detenidos, el abuso de no dejar a los abogados verlos y el irrespeto a los valores democráticos quedan como una nueva mancha en otro triste 10 de julio.

Magaly Janneth Castillo
Directora Ejecutiva
Alianza Ciudadana Pro Justicia

Videos de la resistencia ciudadana bocatoreña contra la ley Chorizo y la ley carcelazo

El ingenio del pueblo bocatoreño para resistir la brutal represión policial del gobierno de Ricardo Martinelli no se ha dejado esperar. Esta es una insurreción de todo el pueblo contra la ley Chorizo y la ley carcelazo, a pesar de los medios de desinformación que usa el gobierno para hacer aparecer al pueblo como vándalos.

Veraguenses se suman a manifestaciones en las calles contra ley Chorizo

Movimientos sociales Veraguenses se sumaron hoy a las acciones de protesta contra la ley Chorizo y la ley carcelazo, marcharon por las calles y cortaron la avenida central. La policía miraba desde lejos las acciones de los manifestantes.

En Bocas del Toro es el pueblo el que está en las calles

Mientras el presidente Martinelli con una cara petrea dice que el pueblo Bocatoreño es manipulado y dice que se va a Sudafrica a presenciar el final del mundial de fútbol, se informa que el saldo fatal de muertos ha aumentado por la represión policial en bocas, desaparecidos y cientos de heridos.

En Bocas del Toro es el pueblo el que está en las calles, así lo han informado medios locales y la labor de periodismo ciudadano que hacen posible medios como este. El heroico pueblo bocatoreño resiste; hoy, 8 de julio, pese a la embestida policial, la ola represiva no logró romper con las barricadas que han tendido el pueblo en las calles. La lucha de resistencia continúa.

Piquetos en Veraguas, y aumenta las cifras fatales en Bocas del Toro

En Santiago de Veraguas, los educadores han realizado un piqueteo al medio día contra la ley Chorizo y la ley carcelazo, exigiendo el cese a la represión contra el pueblo Bocatoreño, donde ya se contabilizan seis muertos y cientos de heridos según los últimos datos.

Los docentes Veraguenses han denunciado la desaparición del docente Roberto Castillo en Bocas del Toro, quien se encontraba rufiago de la represión en una casa cural, de donde fue sustraído por la policía vestida de civil, que portaban armas automáticas según señalan testigos. Hasta la fecha se desconoce el paradero de docente Castillo. Los testigos afirman que practicamente fue un secuestro, pues violentamente el docente le fue arrebata su libertad.

La dirigencia Bocatoreña denunciaba esta tarde que la policía portaba una lista de 42 dirigentes para arrestar, aplicando un método de captura selectivo. Desde la clandestinidad la dirigencia docente ha comunicado que sus casas, al igual que la de otros dirigentes, han sido requisadas por miembros de la policia nacional vestidos de civil.

Para este sábados dirigencia docente se estará reuniendo en la provincia centrales para analizar las acciones que emprenderán. Mientras que la dirigencia ngobe bugle también realizará encuentros de dirigentes para tomar decisiones frente a la crítica situación. Los obreros han anunciado igualmente actividades de coordinación a nivel nacional para enfrentar la represión de la que es objeto el movimiento social.

Primera víctima mortal en Bocas del Toro, cientos de heridos sobrepasan la capacidad de las instalaciones de salud

Desde la ciudad de Changuinola se reporta la muerte del joven trabajador indígena Antonio Smith de aproximadamente 30 años, víctima de heridas masivas de perdigones en el rostro, además de 120 heridos muchos de ellos de gravedad, varios dirigentes, trabajadores y residentes detenidos o con órdenes de detención, además de la comunidad entera afectada por gases lacrimógenos. Según informaciones difundidas vía telefónica desde el lugar de los hechos a través de RPC, las instalaciones de salud ya no tienen capacidad para atender más víctimas.

Sin embargo los manifestantes continúan firmes en la huelga de resistencia contra la Ley Chorizo mientras según TVN "hay columnas de personas caminando desde diversos puntos para apoyar a sus compañeros en paro" y se siguen sumando pobladores desde las montañas y áreas cercanas, a pesar de la violenta represión iniciada esta mañana por órdenes del Ejecutivo y preparada desde anoche con cortes de agua y luz, junto con el envio de contingentes de policías antimotines, guadafronteras y unidades regulares.

Mientras, el presidente Ricardo Martinelli señaló esta mañana a los partidos de oposición como culpables de los enfrentamientos, sin aceptar ninguna responsabilidad en la aprobación de la Ley Chorizo y el conflicto resultante. Tal versión es desmentida por los dirigentes y participantes en las movilizaciones, provenientes de diversos sectores desvinculados a tales partidos.

Presos políticos del gobierno de Ricardo Martinelli, delito: exigir sus derechos

Esta es la lista de obreros de la construcción que hoy son presos políticos del gobierno de Ricardo Martinelli, cuyo único delito fue exigir sus derechos. En Colón, la Policía Nacional al mando del Sub Comisionado Mauricio Nelson, ha montado una cacería contra la dirigencia del SUNTRACS. No les permite ingresar a los proyectos a cumplir sus labores sindicales. Los ha detenido incluso en puntos alejados de las obras. En las manifestaciones de los obreros se ha visto la presencia de unidades policiales con pasamontañas y fusiles de asalto.

Los obreros de la lista de a continuación, son procesados por el Ministerio Público como delincuentes, que todo el pueblo panameño escuche alto y claro, el dueño del super 99 ha transformado nuestra raquitica democracia en un Estado Policial.

Obreros presos en las cárceles del régimen:

ALEXIS ANTONIO WHITOTO GONDOLA
ALCIDES CAMPO SAENZ
GERARDO BONICHE MORALES
ALEJO PETTERSON MANCHONG
DAVID ORTEGA LÓPEZ
PEDRO SÁNCHEZ JIMENEZ
JOSEPH FERRON MENDOZA
MARK VALENTINO BAPTISTE ANDRADE
RAFAEL CELINO HINOJOSA
ALBERTO VERDE TAYLOR
DONANCIANO VERGARA BARRIOS
DONALDO PINILLA MARTINEZ
OMAR ANTONIO LEWIS
DOMINGO RODRÍGUEZ VARGAS
CCHARLIE MANUEL CHAMBERS LEWIS
RENE RAIMUNDO ADDLES DANIELS
ALFONSO EUGENIO ROBERTS MAYNARD
ERIC ALEXIS QUINTERO CASTILLO
FRANKLIN FERNANDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
JORGE ABDIEL URRIOLA
HECTOR ARROCHA MALTEZ
JORGE ISAAC MARTÍNEZ MCFARLANE
JUAN RICARDO SCARBRUGH LYNCH
MIGUEL ANGEL CASTILLO FEARON
MANUEL MYRIE MULLINGS
ARMANDO ROBINSON ZÚÑIGA
MARIO ELISEO PARNTHER ALARCON
SERGUEY EDIÑHO DELGADO ASPRILLA

Urgente: Orden de arresto para dirigentes huelguistas bocatoreños

En estos momentos se informa que existen 12 ordenes de captura para dirigentes sociales de Bocas del Toro, entre los que figuran dirigentes del SUNTRACS, de la AEVe, dirigentes bananeros e indigenas y miembros de la comunidad, que el Estado considera como principales cabezas de la resistencia del pueblo bocatoreño contra la ley Chorizo.

La dirigencia social de la provincia ha informado, algunos ya en la clandestinidad, que hay ordenes de arresto para los dirigentes de las organizaciones que han firmado comunicados del movimiento hulguistico. Al saber la medida represiva adoptada por el gobierno, desde las nueve de la noche de este martes 7 de julio, una multitud de ciudadanos ha rodeado el cuartel policial de la ciudad de Changuinola, por todos sus flancos, amezando con tomar el cuartel, donde hay varias decenas de unidades policiales.

"No hay vuelta atrás, o la derogan o la derogan, porque si ahora paramos todos igual vamos a ir preso por culpa de la ley carcelazo...", comenta Nicasio Miranda, dirigente local, de la zona de Almirante, quien participa de la arenga pública.

La ciudad de Chanquinola vive momentos de sosobra, los comercios han cerrado y por temor a problemas de seguridad no hay vida noctura regular hasta este momento, día 5 de la huelga.

5 días de huelga en Bocas del Toro contra ley Chorizo

- Unos 45 puntos de la provincia cortados hasta Almirante.
- Varios millones de dolares en pérdidas.
- Docentes, padres de familia y comunidades se han unido a la huelga.
- Han bajado indigenas de las zonas montañosas a apoyar en los cortes de calle.
- Unos 660 unidades policiales esperan la orden para retomar el control de la Ciudad de Chanquinola.
- Los huelguistas siguen exigiendo al gobierno derogación de la ley Chorizo y la ley Carcelazo.

Mulino y Roxana Méndez firmaron la ley Chorizo sin competencia legal para ello

Raúl Mulino y Roxana Méndez firmaron la ley Chorizo sin competencia legal para ello, ya que al momento de firmar la ley eran ministros de otras carteras, de los competentes para tales efectos. Fundamentandose en esto, los colectivos de coordinación de movimiento social y obrero Unidad de Lucha Integral del Pueblo-ULIP y Consejo Nacional de Trabajadores Organizados-CONATO, presentaron una Querella Penal en contra del Ministro de Seguridad Pública, JOSE RAUL MULINO, por los supuestos delitos contemplados en el Libro IIº, Título Xº, Capítulo VIº, artículos 351 por ABUSO DE AUTORIDAD y 359 por USURPACIÓN DE FUNCIONES PUBLICAS del Código Penal, y en contra de la Ministra de Gobierno y Justicia ROXANA MENDEZ, por el supuesto delito contemplado en el Libro IIº, Título Xº, Capítulo VIº, artículo 352 (OMISION DE UN ACTO PROPIO DE SU CARGO COMO FUNCIONARIA PUBLICA del Código Penal.

Educadores, padres de familia y otros sectores se sumarán a la huelga en Bocas del Toro

Mientras en la mañana de este lunes la ministra Cortéz, de la cartera de trabajo, lanzaba amenazas contra los obreros de la construcción que protestan por mejores condiciones salariales en las obras del canal, la opinión pública era asombrada por el escandalo de corrupción en el sector judicial denunciado por la jueza Zulay Rodriguez.

La dirigencia magisterial de Bocas del Toro anunciaba esta tarde su unión al paro indefinido llamado por los obreros bananeros contra la Ley Chorizo, Ley de Muerte. Se sumaban al llamado los padres de familia y otros sectores comunitarios, quienes anunciaron que bloquearán totalmente la provincia para mostrarle al presidente Martinelli que "no son cuatro gatos los que se oponen" a la ley de muerte, dijo el dirigente local Victor Abrego.

Esta semana sectores obreros de la Coordinadora de Unidad Sindical Independiente(CONUSI), del FRANDESO, los sindicatos y gremios del colectivo de coordinación Unidad Integral de Lucha(ULIP) y el CONATO estarán evaluando los pasos a seguir en el llamado a Huelga Nacional contra la ley Chorizo, a la cual también se estarán uniendo comunidades campesinas e indigenas del país afectadas por proyectos mineros e hidroeléctricos.

Qué pasará con las cuencas hídricas del país gracias a los efectos de la ley Chorizo

Con la ley Chorizo, ley de muerte, el camino a la destrucción de nuestras cuencas hidrográficas queda abierto, veamos el siguiente reportaje:

Un análisis técnico de siete proyectos hidroeléctricos que se desarrollan en el río Chiriquí Viejo, en la provincia de Chiriquí, arrojó información que denota graves consecuencias ambientales y sociales.

El estudio, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), midió los impactos acumulativos de poco menos de la mitad de proyectos energéticos que se adelantan en esta cuenca hidrográfica –19 concesiones otorgadas por el Estado–, específicamente los que hasta finales de 2009 tenían estudios de impacto ambiental aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). Y a pesar de lo que señalan sus propias investigaciones, el BID contempla financiar dos de esos siete proyectos.

Leer el reportaje aquí

Régimen de Martinelli intenta expulsar del país a periodista Paco Nadal

Los gobiernos han usado no pocas veces el recurso de la expulsión de cooperantes y periodistas extranjeros por considerar su actividad peligrosa para sus intereses, Mireya Moscoso expulsó a varios cooperantes y religiosos en su administración y tenemos así un rosario de casos similares. Esta vez el régimen de Ricardo Martinelli intenta expulsar del país al activista de Derechos Humanos y periodista Paco Gomez Nadal con la vieja justificación de que no estaba al día con sus impuestos. Esto ha sido desmentido ya por la asesoría legal de Nadal, quien señala que en caso de problemas fiscales ese no era el procedimiento regular, el de detenerlo, retenerle su pasaporte y obligarle a que no vuelva a Panamá.

La lógica de este hecho se cae de su peso. Es la vieja historia de la lucha entre la barbarie, la ignorancia, el totalitarismo versus los que luchan por los derechos y la democracia. Por dicha, nuestro país hoy cuenta con una mayor conciencia de lo que significa democracia y las necesidades y sacrificios que se plantean para perfeccionarla.

Toda la solidaridad con Paco Nadal, como ya la han manifestado organizaciones y figuras importantes de la lucha por la democracia. Es preciso mantenerse bien despiertos y analizando los pasos del régimen totalitario que cada día busca perfeccionar su aparato de desmemoria y represión. En cada organización, en cada panameño o panameña, que creemos en la democracia, está el futuro de nuestro país.

Notas de los hechos ocurridos, extraídos de diario La Prensa:

4:12 p.m. - El periodista Paco Gómez Nadal, columnista del diario La Prensa, aseguró esta tarde que su retención en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, por funcionarios de migración, fue una arbitrariedad total, ya que después de cuatro horas nunca se le informó sobre el motivo de esa decisión.

Gómez Nadal explicó que se subió a un avión con el objetivo de pasar unos días fuera del país. Pasó el primer control de migración y luego de estar en la aeronave funcionarios de migración le dijeron que iban a hacer una segunda verificación.

Fue entonces cuando se le notificó que tenía un impedimento de entrada al país, lo que significaba que si viajaba no podía regresar a Panamá. Ante esa situación Gómez Nadal pidió una explicación y nunca se la dieron.

Según la vocera presidencial, Judy Meana, el Servicio Nacional de Migración retuvo al periodista porque tenía problemas fiscales. Además, negó que existan asuntos políticos de por medio en este caso, tal como lo ha dicho el periodista.

Gómez Nadal aseguró que nunca le notificaron que tenía asuntos fiscales pendientes y que consultó a su abogada al respecto, quien manifestó que en casos como ese (problemas fiscales) el procedimiento es que no se le permite la salida del país al ciudadano, contrario a lo que ocurrió en esta ocasión.

Además Gómez Nadal dijo que nunca se justificó la razón por la cual se le retuvo el pasaporte, documento que fue emitido por España.

Embajada interviene

Debido a la retención de Gómez Nadal llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen personal de la Embajada de España en Panamá para tratar de mediar en esta situación.

A las autoridades de la embajada tampoco se les informó sobre las razones por las que Gómez Nadal fue retenido. Ni tampoco por qué le habían quitado el pasaporte.

Tras varias horas de mediar, las autoridades migratorias le entregaron el pasaporte de Gómez Nadal al personal de la Embajada de España en Panamá, pero no les informaron las razones de la retención. Luego lo dejaron abandonar el aeropuerto.

Gómez Nadal al ser consultado si esta situación estaba relacionada al trabajo periodístico que realiza dijo que no tenía pruebas para decir eso, pero a todas luces puede ser, porque no hubo una explicación de su retención.

El periodista en su columna ha realizado fuertes señalamientos por las decisiones del Gobierno en materia ambiental y sobre las poblaciones indígenas.

Gómez Nadal interpondrá esta tarde un hábeas corpus preventivo en la Corte Suprema de Justicia.

En Darién se violan los derechos civiles y políticos

Moradores de Jaqué (Darién) se manifestaron esta tarde ante la estación del Servicio Nacional de Fronteras donde entregaron una carta dirigida al Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, en la que exigen el respeto de sus derechos civiles y políticos. Según los habitantes de esta población darienita, tradicionalmente abandonada por el Estado, desde hace 8 días se ha limitado su movilidad, se han prohibido los vuelos comerciales a la zona, se ha desplazado a población contra su voluntad y se está aterrorizando a los civiles con la disculpa de la lucha contra la guerrilla colombiana.
Reproducimos el comunicado íntegro:

Jaque 2 de julio de 2009

Licenciado

José Raúl Mulino y justicia.

E. S. M.

Señor Ministro Mulino.

Nosotros, moradores de Jaqué, ciudadanos con derechos y deberes que consagran nuestra Constitución, solicitamos su decisión para que el Servicio Nacional de Fronteras( SENAFRON ) cancele las medidas excesivas de control; que frenan el derecho a la vida y al trabajo desde hace ocho 8 días; medidas que ocasionan daños con altos costos y dejarán huellas que afectarán la misma seguridad y el desarrollo local: no sin antes dar buen valor a las medidas de saneamiento social y presencia soberana en el área fronteriza.

Concretamente se deben eliminar las siguientes medidas siguientes:

1. Inmovilidad total de los pescadores

2. Prohibición de los vuelos aéreos.

3. Inmovilidad de los agricultores y ganaderos para realizar sus labores en las fincas del rió Jaqué y todos los demás ríos afluentes.

4. Regresar los moradores de Guayabito a su lugar donde tienen sus viviendas y sus demás pertenencias.

5. El reintegro de los educadores que trabajan en las escuelas de: Quebrada Lucas, El Coco y El Mamey.

6. La movilización de los extranjeros que se encuentran retenidos sin poder regresar a su país de destino, sin ninguna justificación legal.

Consideramos que estas medidas violan artículos de la constitución nacional:

Las que solo se pueden aplicar en caso de guerra declarada o desastres naturales.

Atentamente.

MORADORES DE LA COMUNIDAD DE JAQUÉ

Paro en Bocas del Toro contra la ley de muerte, ley Chorizo

Empleados de las fincas bananeras en Bocas del Toro iniciaron un paro de 48 horas con la amenaza de extenderla, ya que exigen que el presidente Ricardo Martinelli. elimine la Ley 30, conocida también como la “Ley Chorizo” y la "Ley Langosta". Según los trabajadores la Ley recientemente aprobada, afecta la jornada laboral y el Código de Trabajo.

La medida ha sido apoyada por más de 4,000 bananeros afiliados todos al Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Afines (SITRAIBANA) y a la empresa Bocas Fruit Company.

Fuente: Estrella de Panamá